Concursos con reglas propias: Contratistas públicos, concesionarias, clubes deportivos, bancos y aseguradoras

1. 1 · Qué me pasa
2. 2 · Qué me ofrece la ley
3. 3 · Cómo se arregla
4. 4 · Qué viene después

Tu empresa no es una empresa cualquiera

Diriges una empresa que vive de contratos con un ayuntamiento o una comunidad autónoma, o que explota una concesión; o estás en la junta directiva de un club, o le suministras material y te debe dinero; o tienes tus ahorros o tu seguro en una entidad con problemas. Has oído que en estos casos el concurso tiene reglas propias y quieres saber cuáles son y qué te afectan.

Qué pasa con el contrato público, el club o tu banco

Si contratas con la Administración. Para los contratos en general, la declaración de concurso no es causa de resolución (artículo 156), pero en los contratos públicos rigen las especialidades de su legislación (artículo 579). La Ley de Contratos del Sector Público incluye la declaración de concurso entre las causas de resolución (artículo 211.1.b de esa ley), aunque permite a la Administración continuar el contrato si razones de interés público lo aconsejan y el contratista presta garantías adicionales suficientes, como una garantía complementaria de al menos un 5 % del precio o un depósito (artículo 212.5). Esa posibilidad tiene un límite: la declaración de insolvencia en cualquier procedimiento obliga en todo caso a resolver el contrato (artículo 212.2). La ley no dice en qué momento del concurso hay «declaración de insolvencia»; es una cuestión discutida, y una lectura frecuente la sitúa en la apertura de la liquidación, a partir de la cual la continuación ya no encajaría. Si el contrato se resuelve, el acuerdo debe pronunciarse sobre la pérdida, devolución o cancelación de la garantía, y la ley prevé su incautación cuando la resolución es por incumplimiento culpable (artículos 213.3 y 213.5). Durante el concurso, el contrato puede cederse sin haber ejecutado el porcentaje mínimo que se exige en otros casos, con autorización del órgano de contratación y los demás requisitos de los pliegos (artículo 214.2.b); en la venta de una unidad productiva, la cesión de contratos administrativos sigue esas reglas (artículo 222.2 de la Ley Concursal).

Además, las administraciones y sus entidades vinculadas pueden presentar una propuesta de convenio aunque no sean acreedoras (artículo 580), y si el concursado tiene concesiones sobre el dominio público, los efectos se rigen por su normativa; en las portuarias de personas jurídicas, la disolución o extinción acordada en el concurso extingue la concesión (artículo 579).

Si eres directivo, proveedor o trabajador de un club. El concurso no interrumpe la actividad del club ni impide aplicar las normas sobre su participación en la competición (artículo 582.2). La Ley del Deporte encarga a las ligas profesionales fijar condiciones económicas para participar en la competición, entre ellas estar al corriente con Hacienda, la Seguridad Social, deportistas, técnicos y demás empleados, y su incumplimiento determina la exclusión de la competición (artículo 95.b de la Ley 39/2022). Las asociaciones y sindicatos de deportistas legitimados para negociar convenios colectivos pueden representar a los deportistas en los procedimientos de los artículos 171 y 189 de la Ley Concursal (medidas laborales colectivas y modificación de condiciones de convenios colectivos) cuando el concurso afecte a una entidad con deportistas profesionales (disposición adicional decimosexta de esa ley).

Si eres cliente de un banco o asegurado. Desde que se abre un proceso de actuación temprana o de resolución de un banco, los jueces no pueden admitir solicitudes de concurso de esa entidad (disposición adicional decimoquinta de la Ley 11/2015). En las aseguradoras, el juez pide informe al supervisor antes de declarar el concurso e inadmite la solicitud si la entidad está sometida a medidas de control especial (artículo 168.2 de la Ley 20/2015), y en el concurso los créditos por contrato de seguro tienen privilegio especial sobre los activos asignados a las provisiones técnicas y al capital obligatorio, entre otros (artículos 179.2 y 189.3 de esa ley).

Lo que depende del caso

• Que la Administración continúe el contrato es una facultad suya, no un derecho del contratista, y depende del interés público y de las garantías adicionales (artículo 212.5 de la Ley de Contratos del Sector Público). Además, no cabe si hay declaración de insolvencia, que obliga a resolver (artículo 212.2); cuándo se produce en el concurso es discutido, y una lectura frecuente la vincula a la apertura de la liquidación.
• Solicitar el concurso voluntario o estar declarado en concurso impide contratar con el sector público, salvo, entre otros supuestos, que haya adquirido eficacia un convenio; también lo impide haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento (artículo 71.1.c de esa ley). Ese artículo sigue citando la antigua Ley Concursal; las remisiones a ella se entienden hechas al texto refundido (disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 1/2020).
• Si tu empresa forma parte de una unión temporal y entra en concurso, el contrato puede continuar con las demás empresas si cumplen los requisitos de solvencia o clasificación (artículo 69.9.c de la Ley de Contratos del Sector Público).
• En bancos y aseguradoras, la ley da preferencia a la actuación del supervisor: abierto un proceso de resolución de un banco, o encomendada al Consorcio de Compensación de Seguros la liquidación de una aseguradora, no puede tramitarse o solicitarse el concurso (disposición adicional decimoquinta de la Ley 11/2015 y artículo 185.1 de la Ley 20/2015).
• El concurso de una empresa ordinaria lo vemos en el concurso voluntario de la empresa, y el papel del administrador en el administrador concursal.

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