Exoneración del crédito público: un juzgado de Madrid aplica la doctrina del Supremo
Un juzgado de Madrid acaba de dictar uno de los primeros autos que aplican, con detalle, la doctrina que el Tribunal Supremo fijó en febrero sobre la exoneración del crédito público. No es una sentencia. Es un auto de un juzgado de instancia. Pero traslada esa doctrina a la parte dispositiva con una precisión que vale la pena leer.
Hablo del Auto 393/2026, de 12 de junio, de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza nº 2. Ponente, el magistrado Andrés Sánchez Magro. Concurso de persona física, sin masa, concluido con exoneración definitiva del pasivo insatisfecho.
La doctrina del Supremo de febrero de 2026
En febrero, el Tribunal Supremo dictó las sentencias 254/2026 y 260/2026, ambas de 18 de febrero. Tratan la exoneración de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Tres ideas marcan el cambio.
La primera: el crédito de Derecho público es, por regla general, no exonerable. La excepción son las deudas gestionadas por la AEAT y la TGSS, exonerables hasta 10.000 euros por deudor y por organismo. Los primeros 5.000 euros, íntegros; del 5.000 al 10.000, al cincuenta por ciento.
La segunda, y es la que cambia las cuentas: los créditos públicos subordinados —multas, recargos, intereses— se exoneran por entero y no consumen ese cupo de 10.000 euros. Como la imputación se hace en orden inverso al rango concursal, los subordinados caen primero, sin tocar el límite. El cupo queda reservado para la deuda ordinaria y privilegiada. En la práctica, esto exonera bastante más deuda pública de lo que una lectura literal del artículo 489 del TRLC sugeriría.
La tercera: la resolución que concede la exoneración tiene carácter constitutivo. El Supremo lo dice con una frase que el auto recoge: la resolución no puede ser un «cheque en blanco» a rellenar después. El juez debe fijar el alcance real y efectivo de la exoneración. No vale conceder en abstracto y dejar que Hacienda module luego.
El caso del auto
Una persona física en situación de insolvencia sin masa. Se abrió el proceso con llamamiento a los acreedores, que no se personaron. Se solicitó la exoneración bajo la reforma de la Ley 16/2022. Ningún acreedor se opuso dentro de plazo.
Las deudas eran de financieras y banca: fondos de recobro, una entidad bancaria, varios créditos al consumo. Deuda ordinaria, del tipo que llena los concursos de consumidor. El juzgado estima la solicitud y concluye el concurso por insuficiencia de masa, artículo 465.7º LCo.
Hasta aquí, un EPI corriente. Lo que lo distingue es cómo redacta el fundamento jurídico segundo.
Lo que decide el juzgado
El auto no se limita a conceder. Recorre los ocho ordinales del artículo 489.1 LCo uno por uno y fija qué queda fuera de la exoneración y con qué alcance. Responsabilidad civil, deudas por delito, alimentos, salarios, crédito público, multas, costas, garantía real. Es casi un manual.
En el crédito público es donde se ve la doctrina del Supremo trabajando. El juzgado describe la mecánica de imputación paso a paso: primero se extinguen los subordinados en su totalidad, sin restar del cupo; después se aplican los 10.000 euros por organismo al resto de la deuda, en orden ascendente de rango. Y lo extiende a todos los organismos: AEAT, TGSS, Haciendas Forales, comunidades autónomas y entidades locales. Cita expresamente el IVIMA, la EMVS y los tributos municipales —IBI, tasas— como créditos sujetos a esa extinción y sus límites.
Sobre el carácter constitutivo, el auto es tajante. Apoyándose en el artículo 1156 del Código Civil y en las sentencias del Supremo, declara que el crédito público deja de existir desde la firmeza de la resolución. No es que quede en suspenso. Se extingue. Los organismos quedan obligados a dictar las resoluciones administrativas necesarias para reflejar esa extinción en sus expedientes, y el deudor puede instar el auxilio del tribunal si no lo hacen.
Hay un punto que conviene no pasar por alto. La exoneración no alcanza a los obligados solidarios, fiadores, avalistas ni hipotecantes no deudores. El auto lo recoge citando también las sentencias de febrero. El deudor sale; quien firmó por él, no. Es una de las preguntas que más recibimos, y la respuesta sigue siendo la misma.
Lectura doctrinal
Lo interesante del auto no es que innove. Es que aplica. Coge la doctrina del Supremo y la convierte en parte dispositiva ejecutable, con el detalle de imputación que muchas resoluciones dejan implícito.
El tratamiento de los subordinados es el acierto técnico. Separar su extinción del cupo de 10.000 euros no es una interpretación forzada: es lo que se sigue de imputar en orden inverso al rango. Pero verlo escrito, con la secuencia ordenada, ayuda a quien tiene que calcular cuánta deuda pública se va a exonerar de verdad en un caso concreto.
El carácter constitutivo, apoyado en el 1156 CC, es la otra pieza. Cierra la puerta a que la Administración recalcule o reabra después. Si el crédito se extingue desde la firmeza, no hay nada que liquidar más tarde. La doctrina del «cheque en blanco» va justo en esa dirección: obliga al juez a concretar, y al hacerlo protege al deudor de revisiones posteriores.
Queda un matiz abierto. El auto razona sobre un caso sin oposición y sin certificaciones administrativas detalladas aportadas por los organismos. El propio auto remite, para fijar importes, a las certificaciones que esos organismos hubieran aportado. Cuando la AEAT o la TGSS sí se personan y discuten cifras, el cálculo tendrá más fricción. Esto resuelve la mecánica; no resuelve todos los casos.
Consecuencias prácticas
Para el deudor, la lectura es buena. Más deuda pública exonerable de la que parece sobre el papel, sobre todo cuando hay un volumen alto de recargos, intereses y sanciones subordinadas. Conviene revisar la composición de la deuda con Hacienda antes de dar por hecho que solo se exoneran 10.000 euros.
Para la AEAT y la TGSS, el carácter constitutivo les deja poco margen. La extinción opera desde la firmeza, y su papel se limita a reflejarla en el expediente. Para las entidades locales y autonómicas, el auto deja claro que el mismo régimen las alcanza: el IBI municipal o una deuda autonómica entran en el cupo igual que la deuda estatal.
Para quien avaló o afianzó, ninguna buena noticia. La exoneración del deudor principal no le libera. Sigue respondiendo.
Y una cautela, porque conviene decirlo: esto es un auto de instancia aplicando doctrina del Supremo, no doctrina en sí mismo. La dirección es clara y la base —las sentencias de febrero— es firme. Pero cada concurso tiene su composición de deuda y su grado de oposición. Lo que aquí se resuelve limpio, en otro caso se discute. Lo mismo apuntan los acuerdos de los jueces de lo mercantil de Andalucía sobre el rigor formal que hoy exige cada solicitud.
Qué hacer si tienes deuda con Hacienda
Si arrastras deuda con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social y te han dicho que «lo público no se exonera», esa respuesta ya no es completa. Se exonera hasta cierto límite, y los recargos y sanciones pueden caer enteros —algo que ya vimos al analizar las multas de tráfico y la Segunda Oportunidad. Cuánto, depende de cómo esté compuesta tu deuda.
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