Endeudamiento temerario y Segunda Oportunidad: cuánta explicación necesita el deudor de buena fe

Hay una pregunta que se repite en cada primera visita. La formulan casi con miedo. «¿Y si el juez piensa que me endeudé de forma imprudente?». Detrás de esa pregunta está el que probablemente sea el nuevo frente de la Segunda Oportunidad: el endeudamiento temerario. No es un tecnicismo menor. Es la puerta por la que un acreedor puede intentar dejar fuera de la exoneración a un deudor honesto.

Conviene entenderlo bien, porque durante 2026 el debate se ha reavivado. Y porque la línea que separa el análisis jurídico de lo que un magistrado llamó «auditoría moral del fracaso» es más fina de lo que parece.

Qué dice exactamente la ley

El punto de partida es el artículo 487.1.6 del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), en la redacción vigente tras la Ley 16/2022. Excluye de la exoneración al deudor que:

«Cuando haya proporcionado información falsa o engañosa o se haya comportado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer endeudamiento o de evacuar sus obligaciones, incluso sin que ello haya merecido sentencia de calificación del concurso como culpable.»

Leído sin contexto, asusta. Pero el propio precepto obliga al juez a valorar cuatro elementos antes de apreciar esa temeridad: la información patrimonial que el deudor facilitó al acreedor antes de que le concedieran el préstamo; su nivel social y profesional; las circunstancias personales del sobreendeudamiento; y, si es empresario, si utilizó las herramientas de alerta temprana que la Administración pone a su disposición.

Fíjese en el matiz. La ley no pregunta cuánto debe el deudor. Pregunta cómo llegó a deberlo, y qué hizo el acreedor cuando le prestó. Son dos cosas distintas. Y esa diferencia lo cambia todo.

La buena fe se presume: la carga de la prueba es del acreedor

Este es el punto que más tranquiliza a quien viene angustiado. La buena fe del deudor se presume. No es el deudor quien tiene que demostrar que fue prudente; es el acreedor quien tiene que probar que fue temerario.

No lo digo yo. Lo dice una doctrina ya asentada. La Audiencia Provincial de Zaragoza revocó varias resoluciones de sus juzgados de lo mercantil recordando que la regulación «establece inicialmente la existencia de una presunción de buena fe en la conducta del deudor» y que esa presunción solo puede desvirtuarse acreditando alguna de las circunstancias del artículo 487.1. En sus propias palabras, «la carga de la prueba sobre el endeudamiento temerario recae en quien lo alega, no en el deudor».

Hay un segundo argumento que a menudo se olvida. La responsabilidad del crédito no es solo del que lo pide, sino también del que lo concede. La entidad financiera está obligada por ley a evaluar la solvencia del cliente antes de prestar. Si no lo hizo, mal puede después reprochar al deudor una imprudencia que ella misma no supo ver. Es lo que la catedrática Matilde Cuena ha llamado préstamo responsable, y que los tribunales manejan cada vez con más naturalidad.

La doctrina del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2026 —que analicé en detalle en su momento— reforzó esta línea al exigir a los jueces un control de oficio más riguroso, pero sin invertir la carga de la prueba. Más control judicial no significa más sospecha sobre el deudor. Significa un examen más ordenado.

STS 352/2026: la temeridad no se presume por el volumen de deuda

En este contexto ha ganado relevancia la Sentencia del Tribunal Supremo 352/2026, de 4 de marzo (Sala Primera, ponente Ignacio Sancho Gargallo). Se dictó en materia de calificación del concurso de persona física, no de exoneración. Pero su metodología se ha convertido en referencia para el debate sobre el endeudamiento temerario, porque responde justo a la pregunta que importa: ¿cuándo una acumulación de deuda merece reproche jurídico?

El caso tenía todos los ingredientes para una lectura desfavorable. Varios préstamos. Tarjetas. Refinanciaciones. Una situación objetiva de sobreendeudamiento. El juzgado y la Audiencia habían visto en ello una conducta gravemente reprochable. El Supremo lo corrige. Y lo hace sin negar que existiera la deuda, sino cambiando la pregunta.

La cuestión deja de ser cuánto debía el deudor. Pasa a ser quién era, por qué se endeudó y si, atendidas sus circunstancias personales, familiares y económicas, cabe apreciar realmente una conducta merecedora de reproche. El tribunal no elimina el control. Lo contextualiza. No renuncia al reproche cuando procede. Pero exige que se construya sobre una valoración completa de las circunstancias, y no sobre inferencias automáticas derivadas del simple hecho de deber dinero.

De ahí se extrae una advertencia útil frente a los automatismos: la mera existencia de deuda no permite presumir culpabilidad; la acumulación de financiación no permite presumir mala fe; y la insolvencia no equivale, por sí sola, a una conducta reprochable.

Qué significa en la práctica

Traducido al día a día de quien tiene deudas y duda si dar el paso, esto se concreta en varias ideas.

Primera: tener muchas deudas no cierra la puerta. La Segunda Oportunidad no está pensada para quien nunca se equivocó. Está pensada, precisamente, para quien fracasó y necesita volver a empezar. Autónomos que intentaron sostener un negocio. Pequeños empresarios. Familias que se refinanciaron una y otra vez para aguantar. En casi todos esos expedientes hay decisiones que, vistas años después, se habrían tomado de otra forma. Eso no es temeridad.

Segunda: la explicación importa, pero tiene límites. Después de la doctrina de febrero conviene documentar bien el origen de las deudas y reconstruir con honestidad qué pasó. Un buen expediente explica. Pero explicar no es justificar retrospectivamente cada decisión económica de toda una vida. Cuando la exigencia de explicación se convierte en eso, el sistema deja de rehabilitar y empieza a seleccionar por mérito moral. Y no es para eso para lo que existe.

Tercera: si un acreedor alega temeridad, hay que estudiarlo, no rendirse. Es él quien debe probarla. Y con frecuencia esa prueba no aparece, sobre todo cuando fue la propia entidad la que concedió el crédito sin evaluar bien la solvencia.

Lo compruebo en cada procedimiento. La mayoría de las personas que cruzan la puerta del despacho no son deudores temerarios. Son deudores desafortunados. La ley lo sabe. Y los tribunales, cada vez más, también. La clave está en analizar bien cada caso —el origen de las deudas, la conducta del acreedor, las circunstancias personales— antes de dar nada por perdido.

Si arrastras deudas y temes que te consideren un deudor imprudente, no lo des por hecho. A veces la puerta que parece cerrada solo necesita que alguien mire el expediente con calma. Puedes ver cómo funciona el mecanismo en nuestra guía de la Ley de la Segunda Oportunidad, y si eres autónomo conviene revisar tu caso con detalle, porque es ahí donde el debate sobre la temeridad se juega de verdad.

Jorge Werner Montero Mundt es abogado concursal (ICAS 12664) y socio director de Empezar de Nuevo.