Comunidad de bienes y Segunda Oportunidad: la derivación de Hacienda a los comuneros no impide la exoneración

Dos hermanos montan un bar. O una peluquería. O un taller. No constituyen una sociedad: firman un contrato de comunidad de bienes, se dan de alta como autónomos y piden un CIF para la comunidad. Es barato y rápido. Durante años funciona.

Cuando el negocio cae, la comunidad deja deudas con Hacienda. Y Hacienda hace lo que la ley le permite: dirige esas deudas contra cada comunero mediante un acuerdo de derivación de responsabilidad. Después, cuando ese comunero pide la Segunda Oportunidad, la Agencia Tributaria se opone con un argumento de una línea: hay un acuerdo firme de derivación, luego no hay exoneración.

La Audiencia Provincial de Oviedo acaba de decir que ese argumento, en el caso de los comuneros, no basta.

La resolución

Se trata de la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo núm. 153/2026, de 19 de marzo, que revoca la del juzgado de lo mercantil y concede la exoneración del pasivo insatisfecho a una deudora a la que la AEAT había derivado deudas de una comunidad de bienes de la que formaba parte.

Nota de verificación: a la fecha de redacción no hemos podido consultar la ficha de esta sentencia en el CENDOJ (el buscador no estaba accesible), por lo que no indicamos ECLI, ROJ ni ponente. Los datos de la resolución proceden de la reseña publicada en Confilegal el 30 de septiembre de 2026. Completaremos la referencia en cuanto podamos contrastarla con la fuente oficial.

El problema: el artículo 487.1.2º del TRLC

El artículo 487.1.2º del Texto Refundido de la Ley Concursal impide exonerar al deudor que, en los diez años anteriores a la solicitud, haya sido sancionado por resolución administrativa firme por infracciones tributarias muy graves, de seguridad social o del orden social, o respecto del cual se haya dictado en ese plazo un acuerdo firme de derivación de responsabilidad.

Leído al pie de la letra, cualquier derivación cierra la puerta. Da igual su causa. Da igual su importe. Así lo venía planteando la Agencia Tributaria en muchos incidentes de oposición, y así lo entendió el juzgado de instancia en este caso.

Qué es una derivación del artículo 42.1.b) de la LGT

No todas las derivaciones son iguales. Esa es la clave del caso.

El artículo 42.1.b) de la Ley General Tributaria declara responsables solidarios a los partícipes o cotitulares de las entidades sin personalidad jurídica del artículo 35.4 de la misma ley —entre ellas, las comunidades de bienes—, en proporción a sus respectivas participaciones, respecto de las obligaciones tributarias materiales de esas entidades.

Dicho de forma sencilla: si la comunidad no paga, paga el comunero. No porque haya hecho nada reprochable, sino porque la comunidad no tiene un patrimonio separado del de sus miembros. Es un mecanismo de imputación de la deuda. Nace de ser comunero, no de una conducta.

Compárese con otros supuestos de derivación: quien causa o colabora activamente en una infracción tributaria (art. 42.1.a LGT) o quien oculta bienes para impedir el embargo (art. 42.2.a LGT). Ahí sí hay un comportamiento detrás.

El razonamiento de la Audiencia de Oviedo

Según la reseña publicada, la Audiencia rechaza el automatismo y se apoya en la doctrina reciente del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su razonamiento puede resumirse en tres pasos:

• Las limitaciones a la exoneración deben ser proporcionadas. La Directiva (UE) 2019/1023 permite a los Estados excluir a ciertos deudores, pero esas exclusiones tienen que estar justificadas y respetar la proporcionalidad.
• Lo relevante es la conducta que hay detrás de la derivación. No basta con acreditar que existe un acuerdo firme: hay que preguntarse por qué se dictó.
• La derivación al comunero no lleva aparejado reproche. Los miembros de la comunidad no desarrollaron ninguna conducta añadida que permita apreciar fraude o mala fe. El impago de la comunidad no convierte a sus miembros en deudores de mala fe.

Conclusión de la Sala: una derivación que procede exclusivamente de la condición de comunero no tiene entidad suficiente, por sí sola, para excluir al deudor de la exoneración.

De dónde viene este criterio: el Supremo, febrero de 2026

La Audiencia no inventa nada. Aplica a un supuesto concreto lo que la Sala Primera del Tribunal Supremo dijo en las sentencias de 18 de febrero de 2026, que analizamos en su día.

En una de ellas (recurso de casación 1457/2024), el Supremo razonó que el acuerdo de derivación de responsabilidad no constituye propiamente una sanción, sino que está configurado como «un mecanismo de garantía». Y fijó el criterio: mientras no conste acreditado que la derivación trae causa de una conducta fraudulenta equiparable a las que merecen sanción por infracción muy grave, esa causa de exclusión del artículo 487.1.2º TRLC carece de la debida justificación para privar al deudor de la exoneración. Aquel caso era una derivación al administrador del artículo 43.1.a) LGT.

Si el Supremo ya lo dijo para el administrador de una sociedad —que al menos tenía en su mano la gestión—, el argumento pesa todavía más para el comunero, cuya responsabilidad deriva únicamente de la forma jurídica elegida para el negocio. La Audiencia de Oviedo da ese paso de forma expresa.

Ya lo vimos también en la Audiencia Provincial de Madrid con una derivación tributaria de otra naturaleza. La línea es coherente.

Qué significa en la práctica

La comunidad de bienes es una forma muy extendida entre pequeños negocios familiares y autónomos que se asocian. Cuando el negocio cierra con deudas tributarias, la derivación a los comuneros es casi automática. Hasta ahora, esa derivación se usaba con la misma automaticidad para bloquear la Segunda Oportunidad.

Lo que cambia, si este criterio se consolida:

• Pide el acuerdo de derivación y mira el precepto. No es lo mismo el artículo 42.1.b) (comunero) que el 42.1.a) (colaborador en una infracción) o el 42.2 (ocultación de bienes). El fundamento jurídico del acuerdo es lo primero que hay que leer.
• La carga del reproche no es del deudor. En la lógica del Supremo, la causa de exclusión solo opera si consta que la derivación responde a una conducta fraudulenta. Un acuerdo del artículo 42.1.b), por su propia naturaleza, no la describe.
• Exoneración no significa que todo el crédito público desaparezca. Superado el obstáculo de la buena fe, siguen aplicándose los límites del artículo 489.1.5º TRLC para el crédito de derecho público. Lo explicamos al tratar el crédito público tras las SSTS 254 y 260/2026.
• Las sanciones son otra cosa. Si además de la derivación existe una sanción tributaria muy grave firme en los últimos diez años, el análisis es distinto. Lo vimos con la Audiencia de Cádiz.
• Es una Audiencia, no el Supremo. El criterio no vincula a otros tribunales. Pero se apoya directamente en la doctrina de la Sala Primera, y eso le da recorrido.

Lo que queda por ver

En el III Congreso Nacional de Segunda Oportunidad del ICAM, celebrado a finales de septiembre, la magistrada del Supremo Nuria Orellana explicó que la Sala había deliberado esa misma semana cuatro recursos de casación sobre Segunda Oportunidad y que hay nuevos asuntos señalados para octubre, entre ellos los relativos a las infracciones graves como posible causa de exclusión. Habrá más doctrina pronto.

Mientras tanto, una idea sencilla. Haber firmado una comunidad de bienes con un hermano o un socio no es una mala conducta. Que el negocio no saliera bien, tampoco. La Segunda Oportunidad existe precisamente para eso.